Leo con incredulidad un artículo de El Periódico, del 26 de abril, de un tal Luís de Sebastián, que casi criminaliza a los empresarios por los despidos.

Les recomienda, casi exige, que dejen de reclamar el despido libre y que asuman su responsabilidad. Lo hace advirtiéndolos de que si despide gente dejarán de tener consumidores para sus productos y, entonces, su crisis se acentuará.

El artículo tendría mucho sentido si se cumpliesen algunos de estos preceptos:

a. La función de empresario es asignada por la divina intervención y, por tanto, hay que cumplir con el deber que el Altísimo ha asignado.

b. El empresariado está integrado por un grupo de extraterrestres con poder sobre las instituciones públicas. Todo el mundo sabe como escucha el Gobierno de la Generalitat a los autónomos, por poner un ejemplo.

c. Los 4.000.000 de parados proceden de la misma empresa, y está en manos de una sola persona la posibilidad de readmitir-los para no perder consumidores.

Así pues, dejemos de pedir al lampista que sea responsable y no despida a su ayudante porque no tiene trabajo, diciéndole que, si lo despide, ¡este ayudante no tendrá dinero para ir a comprar!

¿Por qué hay que regular el despido y flexibilizarlo? Delante de una bajada de demanda significativa como la que tenemos ahora mismo, habría que poder juntar los costes de una forma rápida a las nuevas ventas. Si no, podríamos lastrar innecesariamente a la empresa y hacer que caigan otros puestos de trabajo.

¿Y por qué no tiene que ser absolutamente libre? El despido libre no sería una herramienta adecuada para la competitividad, porque fomentaría la toma de decisiones excesivamente impulsivas y a menudo injustas, y asignaría un poder excesivo a los jefes. Sería como una especie de dictadura donde uno solo puede decidir, sin ningún tipo de efecto adverso, sobre el destino de las personas, y eso no es una buena idea. La sociedad feudal, que mantenía una relación de este tipo, fue de largo el periodo más oscuro y de menos prosperidad de nuestra historia.

Otro aspecto que me preocupa del actual modelo es que las indemnizaciones elevadas, combinadas con las prestaciones de paro, promueven comportamientos estratégicos y especulativos por parte de algunos trabajadores que poca cosa tienen que ver con la máxima de trabajar para vivir.

Hay colectivos de más difícil inserción: Mayores de 45 años, sin formación... estas personas sí que estaría bien que recibiesen indemnizaciones que les permitiesen buscar trabajo sin angustiarse. Pero un chico licenciado de 30 años tendría que encontrar trabajo rápido, y no tener la tentación de tomárselo con calma como si fuese un marqués.

Para acabar, una última reflexión sobre la base de cálculo del actual despido: ¿Por qué se cobra en función de los años trabajados? ¿No se ha percibido un sueldo pactado libremente entre las partes por el trabajo llevado a cabo? Pues, ¿qué tiene que ver ahora que te vas o te echan?

El sistema no tendría que reflejar el pasado (como hace el ejército), sino el futuro. Es decir, fijarse lo que esta persona tardará en encontrar trabajo y ayudarla en este tiempo. ¡Eso es el estado del bienestar!